Esta medida, respaldada por ambos bloques de concejales,
otorga al Municipio la autoridad para garantizar el cumplimiento de la
normativa y aplicar sanciones económicas a aquellos que la infrinjan. En caso
de menores de edad, las sanciones recaerán en los adultos responsables.
La ordenanza busca preservar la seguridad ciudadana y
proteger los espacios públicos de posibles daños a la propiedad, como
luminarias y cámaras de seguridad pública. Además, establece un proceso de
concientización para los jóvenes infractores, trabajando en colaboración con
sus padres para evitar reincidencias y fomentar el respeto por las normas
comunitarias.
El Municipio, como órgano de aplicación y control, estará
facultado para verificar el cumplimiento de la ordenanza, así como para dictar
las normas complementarias y reglamentarias necesarias para su efectiva
implementación.