El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, lo señalamos en esta columna hace varias semanas, siempre estuvo convencido que el Presidente Milei lo tiene “entre ceja y ceja”, por haber liderado la rebelión de los gobernadores agroexportadores para no aumentar retenciones y crear nuevas como por ejemplo a los subproductos o venta de maquinaria agrícola. Hoy lo siente a flor de piel cuando desde las usinas de troll oficialistas lo lapidan hasta el punto de vincularlo con el narcotráfico (del cual sufre amenazas constantes) mientras el mismísimo Presidente valida esos posteos de X.
Canales de televisión porteños lo sindican a Pullaro junto a otros gobernadores (Llaryora de Córdoba encabeza la nómina) como “traidores” por haber impedido con sus diputados nacionales el tratamiento de la fundacional Ley Bases. Los radicales santafesinos Mario Barletta y Melina Giorgi aclararon que ellos acompañaban muchos puntos de esa mega Ley.

La Fake New del Pacto de San José de Flores: una oportunidad para discutir lo esencial.

Para adentrarnos técnicamente en tratar de llevarle luz técnica a nuestros lectores sobre el dilema de los gastos, recursos, facultades propias y delegadas, consultamos a muchas fuentes, entre las que destacamos al profesor universitario abogado y tributarista rosarino (y ex diputado provincial) Sergio Mas Varela, al Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, comercializadores de granos tal el caso de directivos de la Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann, entre otros especialistas.

“No nos hagamos eco de una burrada”.

Alejandro “Topo” Rodríguez, Director del Instituto Consenso Federal pidió públicamente “no darle aire a la burrada con pretensión intelectual” de invocar un novelezco “Pacto de San José de Flores, entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires” para evitar que Nación se quede con los derechos de exportación de las cosechas, invocando una publicación en la red X de un no periodista cordobés, quien publicó  que las tres provincias decidirían “comercializarán granos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires” para “no pagarles impuestos a Nación”.
Ilustra Rodrígez diciendo que “el Banco de la Provincia de Buenos Aires no tiene ninguna prerrogativa que le haga eludir las normas y regulaciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina, en cuyos regímenes hace ya muchos años ha decidido encuadrarse, como cualquier entidad del sistema bancario”.
Y agrega lo que nos había señalado académicamente el profesor Mas Varela, que “los derechos de exportación con que se grava la comercialización externa de granos en Argentina los decide la Nación, a través del Congreso, y su recaudación la administra íntegramente el gobierno central, sin coparticipar un solo peso a ninguna provincia”.
Complementando, el profesor Sergio Mas Varela indica que hay dos grandes tipos de impuestos que recauda Nación, que son constitucionales y no está obligada a redistribuir: los que gravan las exportaciones (retenciones) y las importaciones (aranceles) y agrega que el Congreso puede con mayoría agravada darle asignación específica (y no serán coparticipables) a determinados impuestos que cobra Nación, como por ejemplo el famoso Impuesto al Cheque y ahora el Impuesto País.
Por otra parte, bien vale señalar que los puertos por donde salen las exportaciones de granos y subproductos del campo son privados, mientras que el Río (Paraná) por donde circulan los barcos que los transportan es de jurisdicción nacional (salvo el lecho).
Además hoy para que un producto a exportar pueda salir, el documento central que requiere es el despacho de aduana (léase la AFIP) y ningún puerto del mundo recibiría una mercancía que no haya sido autorizada por la aduana del país de destino, por lo cual sería raro que una empresa de flete marítimo aceptara transportar mercancías sin despacho de aduana; y la aduana argentina no otorga despacho si no se pagan las retenciones.

Urge un nuevo Pacto Fiscal.

Evidentemente la manera más correcta, racional e institucional de responder a los embates agraviantes del Presidente Milei sería que los 24 gobernadores decidiesen en una gran cumbre, junto a sus legisladores nacionales, impulsar una nueva versión de Pacto Fiscal (Macri lo había hecho en el año 2017 y Alberto Fernández lo dejó sin efecto apenas asumió) donde se pongan en letra de molde todos los reclamos hoy pregonados mediáticamente.

Ojo con el Fonid: conflicto docente nacional en puerta.

De todos modos, el profesor Mas Varela deja en claro con respecto de los subsidios al transporte, que por Constitución Nación no puede redistribuir el gasto como le parezca beneficiando arbitrariamente a unos sobre todos (mantener los subsidios al AMBA y al resto de las Provincias, no). Y lo mismo va a suceder con el Fondo de Incentivo Docente (Fonid). >Importante: toda transferencia a las provincias debe ser distribuida según idénticos parámetros constitucionales a los establecidos para la Coparticipación de impuestos.
Y ya que hablamos de Fonid, habrá que prestar atención a este tema justo en vísperas del inicio de clases, toda vez que el gobierno nacional no confirmó su continuidad en 2024 y dejó de transferir los fondos.
Es posible que en febrero los recibos de sueldo de los docentes del país comiencen a ver que ese ítem deje de estar, lo cual podría llevar a un conflicto docente nacional.
Toda crisis trae una oportunidad repiten los coaching. ¿Y si en materia de transporte de pasajeros, por ejemplo, se comienza a mirar como hacen en el resto del mundo, donde por razones ecológicas es ya casi gratis (y eléctrico)?

¿Cómo resolver el “desequilibrio” fiscal sin que sea una “injusticia federal”?

Según el Centro de Estudios de la BCSF en recaudación de recursos aduaneros, Santa Fe siempre ha superado ampliamente a las provincias de Córdoba y Buenos Aires en este tipo de recaudación, salvo en tres años puntuales (2013, 2018 y 2020).
En el caso de la Provincia de Santa Fe, la brecha entre lo aportado a Nación (recaudación por parte del Gobierno Nacional en el territorio provincial) y lo recibido (RON y gastos nacionales ejecutados en el territorio provincial) se redujo progresivamente entre 2007 y 2018, pasando de 65,1% a 34,5%, para luego presentar un incremento, aunque de manera irregular, hasta 42,5% al cierre de 2022.
Dice el informe de la BCSF que “en nuestro país, el federalismo fiscal se caracteriza por la existencia de un desequilibrio vertical, debido a que el Estado Nacional tiene un rol preponderante en la recaudación de recursos, mientras que los gobiernos subnacionales son los que afrontan la mayor parte de los gastos.”

Hay que parar la pelota y no entrar en el juego que propone el Presidente, porque por más ínfulas federalistas que se pregonen, el mango de la sartén lo sigue teniendo – hoy y antes – Nación.
Encima Javier Milei, aunque se intente creer lo contrario, aún goza de la confianza de una gran mayoría de ciudadanos que, más allá de las penurias económicas por las que atraviesan, sienten que el objetivo primordial de sus votos (cambiar paradigmas encarnados en el país) lo está cumpliendo.