El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que el viernes 30 de octubre se realizó en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez una audiencia imputativa contra dos mujeres, identificadas por sus iniciales F.F. y M.A.F., y un hombre, H.C., por el delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, en calidad de coautores.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2025 y junio de 2026 y estarían relacionados con el manejo irregular de fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Cañada de Gómez.

Según la acusación del fiscal Santiago Tosco, la principal investigada, F.F., quien se desempeñaba como encargada de la Caja de Jubilaciones Municipal, habría utilizado su cargo para realizar transferencias de dinero desde una cuenta institucional del municipio hacia cuentas bancarias personales.

La maniobra se habría concretado mediante la carga de falsos pagos a nombre de jubilados fallecidos, personas inexistentes y terceros que no pertenecían al sistema previsional.

La Fiscalía también atribuye participación a M.A.F., empleada administrativa que habría colaborado en la alteración de las liquidaciones de haberes, y a H.C., empleado municipal, quien presuntamente habría integrado la maniobra y recibido transferencias en su cuenta personal.

De acuerdo con los montos preliminares informados por el MPA, se habrían acreditado indebidamente $25.319.467,34 en una cuenta vinculada a F.F., $24.647.169,02 en la de M.A.F. y $27.040.079 en la de H.C. En conjunto, las operaciones investigadas superarían los 77 millones de pesos.

Durante la audiencia, el juez de Primera Instancia Álvaro Campos admitió la calificación legal presentada y dispuso que los tres imputados continúen en libertad, bajo una serie de medidas alternativas por el plazo de 90 días, hasta el 29 de enero de 2027.

Entre las condiciones establecidas se encuentran fijar domicilio sin poder modificarlo sin autorización judicial, presentarse una vez al mes ante la Oficina de Gestión Judicial, no salir del país sin autorización y tener prohibido el ingreso a la dependencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones municipal.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.