El interventor designado asumirá la conducción del gremio, pero no cuenta con facultades para definir acuerdos salariales de largo alcance.
El escenario gremial e industrial de la Argentina atraviesa
un punto de inflexión tras la oficialización de la intervención judicial de la
Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La Sala VIII de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo ratificó el desplazamiento definitivo de la cúpula
nacional encabezada por Abel Furlán, fundamentando la decisión en presuntas
irregularidades detectadas en las elecciones internas celebradas en marzo de
2026, tras una impugnación de la Lista Naranja de la seccional Campana. La
medida establece un plazo inicial de 180 días para reorganizar los padrones y
convocar a nuevos comicios.
Para llevar adelante este proceso de normalización
institucional, administrativa y financiera, la Justicia designó como
interventor principal al abogado Alberto Biglieri. En las últimas horas, un
nuevo fallo de la misma Cámara amplió las facultades del letrado, autorizándolo
a tomar el control operativo de la obra social del sindicato (OSUOMRA) para
garantizar las prestaciones médicas. Esta concentración de funciones
administrativas congela la representación sindical clásica ante el Ministerio
de Capital Humano y las cámaras del sector.
La consecuencia más urgente de esta acefalía gremial recae sobre las
paritarias. Al no existir una conducción con legitimidad paritaria plena para
suscribir nuevos convenios colectivos, las negociaciones mensuales para
actualizar los haberes de junio de 2026 quedaron suspendidas, dejando bajo un
manto de dudas los ingresos de los operarios para el próximo trimestre.
La UOM sin
paritarias: qué pasa con los sueldos y cuáles son los valores vigentes
Ante la parálisis de la mesa de negociación que la gestión de
Furlán mantenía con cámaras como Adimra, Camima y Afarte, no se logaron
instrumentar los aumentos proyectados para el inicio del invierno que
contemplaban una recomposición salarial del 10% destinada a compensar parte de
la inflación acumulada durante abril y mayo. Ese aumento iba a comenzar a
abonarse durante la primera quincena de junio, pero el proceso quedó inconcluso
tras la decisión judicial.
De este modo, durante
las próximas semanas se mantendrán congelados los salarios. De esta manera,
el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para toda la actividad
metalúrgica queda fijado en $1.036.390. En la práctica, un peón o ingresante de
la rama general (Metalmecánica) percibirá un jornal básico de $4.313,43 por
día, mientras que un oficial cobrará un piso de $5.958,84 por jornada laboral.
Por su parte, en el personal mensualizado, administrativos y técnicos de la
categoría inicial percibirán haberes base de $833.257,48.
El congelamiento
en la rama siderúrgica
El bache salarial se profundiza en sectores clave como la
Rama 21, correspondiente a la industria siderúrgica, que ya arrastraba
complicaciones crónicas de representación. En este segmento, la falta de
homologación de acuerdos formales persiste y los incrementos se vienen
liquidando a través de adelantos otorgados de manera unilateral por las
empresas del sector para evitar la pérdida frente a la inflación acumulada.
Legalmente, las atribuciones del interventor Alberto Biglieri están
limitadas a auditar las cuentas, estabilizar las prestaciones sociales y
encauzar el cronograma electoral, careciendo de facultades para fijar pautas
salariales de largo plazo. En este contexto de parálisis institucional,
delegados de base de las principales seccionales del Conurbano y el interior
evalúan la viabilidad de activar esquemas de protesta o asambleas en fábrica
para reclamar mecanismos excepcionales de actualización.
Fuente: IProfesional
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