El escenario gremial e industrial de la Argentina atraviesa un punto de inflexión tras la oficialización de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el desplazamiento definitivo de la cúpula nacional encabezada por Abel Furlán, fundamentando la decisión en presuntas irregularidades detectadas en las elecciones internas celebradas en marzo de 2026, tras una impugnación de la Lista Naranja de la seccional Campana. La medida establece un plazo inicial de 180 días para reorganizar los padrones y convocar a nuevos comicios.

Para llevar adelante este proceso de normalización institucional, administrativa y financiera, la Justicia designó como interventor principal al abogado Alberto Biglieri. En las últimas horas, un nuevo fallo de la misma Cámara amplió las facultades del letrado, autorizándolo a tomar el control operativo de la obra social del sindicato (OSUOMRA) para garantizar las prestaciones médicas. Esta concentración de funciones administrativas congela la representación sindical clásica ante el Ministerio de Capital Humano y las cámaras del sector.

La consecuencia más urgente de esta acefalía gremial recae sobre las paritarias. Al no existir una conducción con legitimidad paritaria plena para suscribir nuevos convenios colectivos, las negociaciones mensuales para actualizar los haberes de junio de 2026 quedaron suspendidas, dejando bajo un manto de dudas los ingresos de los operarios para el próximo trimestre.

La UOM sin paritarias: qué pasa con los sueldos y cuáles son los valores vigentes

Ante la parálisis de la mesa de negociación que la gestión de Furlán mantenía con cámaras como Adimra, Camima y Afarte, no se logaron instrumentar los aumentos proyectados para el inicio del invierno que contemplaban una recomposición salarial del 10% destinada a compensar parte de la inflación acumulada durante abril y mayo. Ese aumento iba a comenzar a abonarse durante la primera quincena de junio, pero el proceso quedó inconcluso tras la decisión judicial.

De este modo, durante las próximas semanas se mantendrán congelados los salarios. De esta manera, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para toda la actividad metalúrgica queda fijado en $1.036.390. En la práctica, un peón o ingresante de la rama general (Metalmecánica) percibirá un jornal básico de $4.313,43 por día, mientras que un oficial cobrará un piso de $5.958,84 por jornada laboral. Por su parte, en el personal mensualizado, administrativos y técnicos de la categoría inicial percibirán haberes base de $833.257,48.

El congelamiento en la rama siderúrgica

El bache salarial se profundiza en sectores clave como la Rama 21, correspondiente a la industria siderúrgica, que ya arrastraba complicaciones crónicas de representación. En este segmento, la falta de homologación de acuerdos formales persiste y los incrementos se vienen liquidando a través de adelantos otorgados de manera unilateral por las empresas del sector para evitar la pérdida frente a la inflación acumulada.

Legalmente, las atribuciones del interventor Alberto Biglieri están limitadas a auditar las cuentas, estabilizar las prestaciones sociales y encauzar el cronograma electoral, careciendo de facultades para fijar pautas salariales de largo plazo. En este contexto de parálisis institucional, delegados de base de las principales seccionales del Conurbano y el interior evalúan la viabilidad de activar esquemas de protesta o asambleas en fábrica para reclamar mecanismos excepcionales de actualización.

Fuente: IProfesional