La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de Traspaso de causas, funcionarios y personal del sistema de enjuiciamiento penal que rigió hasta el 10 de febrero de 2014, cuando la provincia implementó un nuevo proceso basado en audiencias orales y públicas.

“Es un paso adelante para seguir fortaleciendo la justicia provincial, el cierre de una etapa de cambio institucional profundo”, valoró en la sesión de este jueves el diputado socialista Rubén Galassi.

El presidente del bloque del PS fue el encargado de exponer en el recinto el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dio su consenso al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en abril pasado. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Senadores, tiene dos grandes ejes: el traspaso de todas las causas del sistema anterior, unificando en el fiscal general de la provincia la persecución criminal, y el traspaso del personal y de funcionarios que estaban afectados a los expedientes del viejo modelo.

“Con esta ley, todas las causas penales tendrán un criterio unificado de persecución y defensa”, explicó Galassi. “Este proyecto viene a poner fin a uno de los cambios institucionales más trascendentes de las últimas décadas en la provincia, la puesta en marcha de la nueva justicia penal, que incluso abarcó a varias gestiones”, señaló el diputado, quien recordó que en 2007 se sancionó la ley N° 12.734, la cual creó el nuevo Código Procesal Penal.

En 2009, a los fines de implementar el juicio oral y público en el marco de un modelo acusatorio, el Poder Ejecutivo envió cuatro leyes que también se aprobaron: la de creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA); la de creación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP); la de organización de los tribunales penales y de gestión judicial, que creó la Oficina de Gestión Judicial (OGJ); y la de transición o de conclusión de causas, que entre otras cosas fijaba un plazo de tres años para cerrar las causas del sistema anterior.

En febrero de 2014 se puso en marcha en forma definitiva el actual modelo acusatorio, por lo cual en febrero pasado se cumplieron los tres años para concluir todas las investigaciones acumuladas. Como la Legislatura no había tratado todavía esta ley, el Poder Ejecutivo prorrogó por seis meses ese plazo. "Con esta la ley -que pasa al Senado para su sanción definitiva-, el sistema de persecución penal estará integrado en una sola cabeza que será el Fiscal General de la Provincia, quien marcará una sola línea de trabajo a los fines de hacer más eficiente la administración de justicia", cerró Galassi.